La Fiscalía española señala a la cantante colombiana Shakira de haber eludido al Fisco más de 6 millones de euros en las declaraciones de la renta y del impuesto de patrimonio de 2018, utilizando para ello una estructura empresarial con sede en paraísos fiscales.
Así lo afirma el ministerio público español en la denuncia que interpuso hace 3 meses contra la artista, ya notificada en su residencia en Miami, lo que provocó que un tribunal de Barcelona abriera un segundo caso en su contra, por dos infracciones contra la Hacienda Pública.
Sin embargo, el equipo de comunicación de Shakira aclaró a EFE que no ha recibido «notificación alguna en Miami, lugar oficial de residencia de la cantante, sobre la denuncia», y subrayó que su equipo legal está «centrado en la preparación del juicio» que comenzará el próximo 20 de noviembre.
Shakira enfrentará juicio en la Audiencia de Barcelona en esa fecha por evadir 14.5 millones de euros entre 2012 y 2014, en otro caso que también se inició por una denuncia de la Fiscalía de Delitos Económicos de esa ciudad española.
En esta ocasión, la fiscalía plantea en su denuncia que la cantante colombiana pueda comparecer como investigada por videoconferencia desde su residencia en Estados Unidos, a donde se trasladó desde Barcelona tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué.
En detalle, la denuncia sostiene que la artista defraudó a la Agencia Tributaria española 5.3 millones de euros en el impuesto de la renta sobre personas físicas (IRPF), correspondientes a los ingresos que obtuvo por su gira de 2018 «El Dorado» y por la cesión de sus derechos intelectuales, y otros 773,600 euros en el impuesto de patrimonio por los 12 millones que posee en propiedades y activos financieros.
Para evadir impuestos, la acusada se valió de una estructura empresarial y presentó «declaraciones inveraces» del IRPF, en las que omitió declarar ingresos y se dedujo gastos que no correspondían, logrando así reducir la cantidad a pagar al Fisco.
Según la denuncia, Shakira recibió parte de los ingresos que percibía por la cesión de sus derechos musicales a través de una compañía establecida en Luxemburgo con la que firmó varios «contratos simulados», beneficiándose así de una tributación «muy baja» que en el ejercicio de 2018 se situó en el 1.39%.
En opinión de la Fiscalía, esta empresa luxemburguesa «fue simplemente una entidad utilizada a efectos fiscales» que no llevó a cabo ninguna actividad real, excepto una «participación meramente formal y administrativa».
La denuncia también menciona que Shakira utilizó otra empresa instrumental, creada en España en 2017, para «contabilizar los ingresos y los gastos correspondientes» a su gira «El Dorado», que incluyó 53 conciertos en 22 países, a pesar de que esta firma carecía igualmente de actividad real.
El ministerio público considera además que Shakira dedujo siete millones de más en los gastos de sus empresas, en algunos casos porque se contabilizaron dos veces y en otros porque se trataba de pagos de carácter «principalmente personal».
Entre estos gastos personales que la Fiscalía considera no deducibles se incluyen viajes privados en avión privado, con un costo de 150,483 euros, así como boletos de avión para sus dos hijos y su institutriz.
Shakira aún enfrenta juicio por otra denuncia por fraude fiscal que la fiscalía presentó contra ella, precisamente en 2018, un caso que siguió adelante a pesar de que la artista devolvió 17.2 millones de euros a la Agencia Tributaria, la cantidad presuntamente evadida más los intereses, una vez que supo que estaba siendo investigada.
En este proceso, la Fiscalía solicita una pena de ocho años y dos meses de prisión y una multa de 23.8 millones de euros para la cantante colombiana.
